Dentro de la ronda de comparecencias que están teniendo lugar en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud del Parlamento Vasco, sobre la modificación de la Ley 18/2008 de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, representantes de Sareen Sarea expusieron ayer a los grupos parlamentarios su visión sobre las propuestas recogidas en el Documento de Bases para la Mejora de la Renta de Garantía de Ingresos, presentado por la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, el pasado 31 de mayo ante la citada comisión parlamentaria.

El presidente de Sareen Sarea, Pablo González, puso en valor primeramente la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), “que ha contribuido a paliar las situaciones de exclusión personal, social y laboral, y a facilitar la inclusión de quienes carecen de los recursos personales, sociales o económicos suficientes para el ejercicio efectivo de los derechos sociales de ciudadanía, pero también ha tenido efectos positivos directos sobre el conjunto de la ciudadanía, como así avalan todos los informes técnicos y datos oficiales”.

A juicio de Sareen Sarea, “la RGI es una herramienta del sistema de protección social a preservar, a poner en valor, mejorable en el cómo se gestiona y cómo se aplica para ser más eficaz y eficiente, pero sin cuestionar su valor originario: la solidaridad”.

La política de garantía de ingresos vela porque todas las personas dispongan en todo momento de los recursos económicos necesarios para satisfacer aquellas necesidades de las que no se ocupa, o no suficientemente, otra política social.

El efecto positivo que no se circunscribe a las personas directamente beneficiarias, sino que tiene un impacto macroeconómico reseñable que ha contribuido a paliar los efectos de la crisis, a estabilizar la economía y a generar un crecimiento económico adicional.

En Euskadi, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la perciben más de 60.000 hogares. Y dicha prestación económica ejerce un impacto positivo para rebajar las tasas de pobreza y reducir la desigualdad social, permitiendo en 2016 que 71.000 personas no cruzaran ese abismo, y que las más de 63.000 que siguieron siendo pobres pese al cobro de la prestación social, suavizasen la caída.

El portavoz de Sareen Sarea subrayó, así todo, que “los logros obtenidos por el sistema de protección social en Euskadi no han impedido, no obstante, un aumento significativo de la pobreza y la exclusión en el contexto de la crisis de los últimos años”.

Y advirtió que la activación al empleo no es la solución, al menos para la mitad de las personas perceptoras de la RGI, que se reparten entre pensionistas y personas que están trabajando, pero con escasa calidad en el empleo. “Siendo el empleo un generador importante de inclusión, no puede elevarse a la única solución para todas las personas en exclusión social y perceptoras de la RGI. Es necesario desarrollar una de las dos patas del sistema de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social y que hasta el momento no se ha garantizado debidamente: la de la Inclusión Social”.

Abogó por la necesidad de adaptar la Ley a los cambios observados en el contexto socioeconómico de Euskadi desde 2008 y repensar la mejor manera de que la RGI cumpla su finalidad más allá de 2018 y mejore su cobertura.

Sareen Sarea se propuso ante la comisión una campaña de defensa y puesta en valor del sistema de garantía de ingresos y para la inclusión social, al tiempo que procure eliminar el estigma y los prejuicios respecto a las personas perceptoras, haciendo pedagogía en la sociedad.

“Nos parece sobredimensionada la fijación con el fraude en el documento de bases, aun cuando el propio informe subraya que en lo que se refiere a los casos de fraude, ha ido reduciéndose claramente del 0,77% de 2012, al 0,29% de 2016. Una tasa poco significativa y prácticamente irrelevante, pero cuya magnificación en algunos ámbitos, no colaboran precisamente en la puesta en valor de la RGI, y alientan el rechazo social injustificado de la misma y el escarnio público de las personas perceptoras”.

Además de ello, se debatieron con los representantes políticos una quincena de propuestas contenidas en el documento Sareen Sarea ante la Reforma de la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. Entre otras, referidas a la determinación de las unidades de convivencia, el periodo mínimo de empadronamiento en la CAPV, la edad mínima para recibir la prestación, la racionalización del sistema de gestión de expedientes de Lanbide y la materialización del derecho a la inclusión social.